El legado de Dª Luisa

Doña Luisa Aguado Martínez falleció en 1861, dejando en su testamento un legado de 9.000 reales para el pueblo de Hortaleza, con el deseo de que el interés que produjeran sirviese para socorrer a los pobres enfermos de la villa.

Durante más de diez años nada se supo del mencionado legado y, por supuesto, no se socorrió a ninguna persona con los intereses que deberían haberse obtenido.  El dinero estaba depositado en casa de D. Joaquín Belio que era el agente del Ayuntamiento en la Capital. En 1.874, siendo alcalde Manuel Ruiz Arenas, se reclamó al Sr. Belio para que entregara el importe del legado al Ayuntamiento que tenía el propósito de generar algún rendimiento con el que poder dar cumplimiento al propósito de la legataria. Pasaba el tiempo y en el Ayuntamiento no encontraban la forma de sacar alguna rentabilidad al mencionado legado, por lo que los 9.000 reales permanecían en la caja municipal, sin que se decidieran por actividad alguna. Ninguno de los alcaldes había tomado iniciativa alguna hasta que, Pedro Rodríguez, en 1876, poco antes de dejar su cargo en el Ayuntamiento, depositó las 2.250 pesetas en el Banco de España.

Pocos meses después, en el mes de Enero de 1877, fue nombrado alcalde Eustaquio Núñez,  pero  ni él ni el resto de la corporación, tuvieron conocimiento de la existencia del mencionado legado, hasta el mes de Diciembre de 1877, a través de una  comunicación que  el Gobernador Civil envió  al Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia, comunicándole que los fondos del legado de Doña Luisa Aguado estaban a disposición del Ayuntamiento de Hortaleza en el Banco de España.

El Ayuntamiento no tenía en su poder ningún documento que acreditara tal depósito, por lo que se decidió contactar con  D. Pedro Ruiz, que era el albacea de Doña Luisa, y efectuar, conjuntamente,  la reclamación. Después de varias gestiones comprobaron que el depósito estaba a nombre del anterior alcalde, Pedro Rodríguez,  y que no se podía retirar  sino era con su consentimiento.

Lo razonable es que Eustaquio Núñez, cómo alcalde, se hubiera dirigido a Pedro Rodríguez, solicitándole colaboración para la retirada del dinero, o que le hubiera exigido la entrega del justificante del deposito en el Banco de España, pero el alcalde no tenia fuerza moral para solicitar, al anterior alcalde, la entrega del justificante después de lo ocurrido  cuando el Sr. Núñez dejó de ser alcalde en 1875.

La salida forzada, por el final de la I República, de Manuel Ruiz Arenas y Eustaquio Núñez del Ayuntamiento en el año 1875, había ocasionado serios problemas al municipio, puesto que se llevaron toda la documentación municipal sin dejar ni un solo papel,  correspondiente a los años de 1868 a 1875, en los que habían estado al frente del Ayuntamiento.

La ausencia de documentación provocó un verdadero caos en el Ayuntamiento. No dejaron, ni siquiera, justificantes de los compromisos de pago más inminentes. Consecuencia de esta situación fueron las denuncias y los expedientes que se abrieron contra Manuel Ruiz Arenas y Eustaquio Núñez, como responsables de tal comportamiento.

A pesar del enrarecido clima de denuncias y enfrentamientos la corporación no tuvo más remedio que requerir a Pedro Rodríguez para que entregará el documento que retenía en su poder, a lo que se negó rotundamente.

No se trataba de obtener algún beneficio personal. Se trataba simplemente de una reacción, impropia,  si se quiere, pero entendible en respuesta a la desconfianza generada en la anterior etapa.

El caso es que los meses se acumulaban y, ni podían retirar el dinero del Banco de España ni se podían obtener réditos para socorrer a los pobres del pueblo. Así trascurrieron cerca de dos años, Eustaquio Núñez dejó de ser Alcalde y  Pedro Rodríguez volvió al Ayuntamiento, ahora como concejal, quien reconoció que había depositado en el año 1876 la cantidad de 2.250 pesetas en el Banco de España, cumpliendo el encargo que le había conferido el Ayuntamiento de ese año y que mantenía en su poder el mencionado justificante.

En 1879, el nuevo alcalde, Marcos Barral, estaba decidido a resolver esta situación sin más dilación. Planteó la cuestión al resto de los concejales, entre los que se encontraba Pedro Rodríguez, y se aprobó que, de momento, siguiera el mencionado Pedro Rodríguez como depositario hasta que se encontraba alguna solución, pero que el asunto debía resolverse con la mayor urgencia posible, para  poder socorrer a los pobres necesitados del pueblo.

La corporación entendió que una solución podía ser prestar el dinero, a quien pudiera interesarle, por un periodo de tiempo  y aplicándole un interés. Así se hicieron públicas las condiciones del préstamo.  El dinero se prestaría por un periodo de cuatro años, al interés del 8%, siempre que lo solicitara un vecino de la villa y ofreciera fianza a satisfacción del Ayuntamiento. El propósito de obtener el mayor rendimiento posible les había llevado a plantear unas condiciones altamente exigentes.

Después de realizado el anuncio pasaba el tiempo sin que llegara petición alguna al Ayuntamiento. Hasta que, en el mes de Febrero  de 1880, apareció la primera de las propuestas a cargo de Eugenio Morales. Ante el interés mostrado por Eugenio Morales y las prisas que tenía el Ayuntamiento por resolver el asunto, se le convocó a la sesión del día 29 de Febrero, que presidió D. Pedro Marqués, por encontrarse enfermo el alcalde titular D. Marcos Barral, para concretar las condiciones que se habían establecido para su concesión. Cuando las hubo oído retiró su solicitud por no estar de acuerdo con el interés que se debía pagar y, mucho menos, con la necesidad de prestar fianza.

El Ayuntamiento estuvo esperando varios días por si aparecía algún otro interesado pero nadie más se interesó por la propuesta municipal. Ante la ausencia de peticiones  decidieron que cada uno de los concejales asumiera parte del préstamo pagando el interés correspondiente a la cantidad que tomaran del total.

Cómo las condiciones iniciales resultaron difíciles de aceptar, establecieron el 6 %  de interés y se comprometieron a pagar, por adelantado, lo correspondientes al primer año.

Las cantidades se repartieron de la siguiente manera: Pedro Rodríguez, doscientas cincuenta pesetas, Pedro Marqués, Bonifacio Marqués, Julián López y Nicasio José quinientas pesetas cada uno.

Se nombró depositario de los intereses recaudados, por adelantado, a Pedro Marqués, que se encargó de formalizar los oportunos pagarés.

Inmediatamente  se corrió la voz de que el legado de Doña Luisa Aguado estaba produciendo sus réditos y que éstos estaban destinados a socorrer a los pobres necesitados del pueblo, por lo que empezaron a llegar solicitudes de socorro al Ayuntamiento.

Apenas empezaron con las concesiones surgió el primer problema de interpretación, de la voluntad de la donante. Parece ser, que en el testamento figuraba que el destino de los intereses debía destinarse a socorrer a los pobres enfermos de la villa de Hortaleza. No quedaba muy claro  si se refería a los nacidos en Hortaleza, o a los pobres que estuvieran residiendo en el pueblo. El caso es que la interpretación que se hizo fue la más restrictiva, es decir, considerar destinatarios sólo a los naturales de la villa y que, además, cumplieran con las condiciones de pobreza y enfermedad. Entre las solicitudes que se desestimaron se encontraba la de Mateo Obispo porque a pesar de vivir en la villa y encontrarse enfermo, no era natural de la villa.

El asunto se había convertido en uno de los más delicados del Ayuntamiento, prueba de ello fue la actitud, en el mes de Julio de 1881, del nuevo Alcalde, Antonio López Torres, que nada mas aceptar el cargo se interesó por conocer cual era el estado del capital legado por Doña Luisa Aguado, para lo que convocó a Pedro Marqués, que era el depositario de los intereses para que le rindiera cuentas.

El vencimiento del plazo que habían acordado los componentes del anterior Ayuntamiento había vencido el pasado día 31 de Agosto 1881. El alcalde informó a sus concejales de tal extremo y de la decisión que adoptaron los anteriores regidores y les preguntó sobre cual eran las ideas para llevar a cabo la inversión de ese dinero, puesto que los intereses  eran propiedad de la Beneficencia de la villa. Después de debatir sobre el tema llegaron a la conclusión de que adoptarían el mismo procedimiento que la Junta anterior. Convocaron a los depositarios de los préstamos para que lo reintegraran, junto con los réditos devengados, y los distribuyeron entre los  nuevos miembros de la Corporación.

Se repartió de la siguiente manera: Pedro Rodríguez setecientas cincuenta pesetas; Antonio López, doscientas cincuenta; Bonifacio Marqués, quinientas pesetas; Julián López, quinientas pesetas y  Eustaquio Núñez, doscientas cincuenta pesetas.

La última información que se dispone es que las cantidades fueron reintegradas el día 3 de Septiembre 1882 junto con sus intereses y que fueron recibidos por el Depositario de los fondos municipales. ¿Qué pasó con el dinero a partir de ese momento? Es de suponer que en los siguientes años continuara una gestión de los  intereses en el mismo camino en que se vino haciendo hasta 1882, pero la realidad es que ninguna referencia existe, en los acuerdos del Ayuntamiento, de lo que se hizo con las 2.250 pesetas.

La primera noticia se tiene en 1925, más de cuarenta años después,  cuando se intenta conocer cual es la situación del dinero correspondiente al legado de Doña Luisa Aguado.

De manera muy parecida a lo que había ocurrido en 1875 habían desaparecido del Ayuntamiento gran parte de los documentos municipales de los años 1916 a 1920  entre ellos todo lo relacionado con el  legado, por lo que, prácticamente, se empezaba de cero la averiguación.

Se recabó del Registro de últimas voluntades, una copia del testamento otorgado por Dª Luisa Aguado. De los depositarios de las 2.250 pesetas no se tenía conocimiento, a excepción de las 1.300 pesetas que tenía en su poder Juan Colino Rivera, que fueron entregadas personalmente al Alcalde,  Andrés Obispo, quien a su vez,  se las había entregado en mano al secretario municipal. Del resto del dinero, ni se tenía constancia ni se produjo la devolución por parte de nadie.

Con tamaño descontrol municipal no resultaría extraño lo que ocurriría al poco tiempo.

Cuando el Ayuntamiento fue a liquidar, a mediados del mes de Enero de 1926,  la gestión de D. Fernando Bartolomé, que era el secretario municipal,  descubrieron un saldo en las cuentas municipales, a favor del Ayuntamiento que no se había justificado correctamente. Entre otras cantidades, que no supo justificar el Sr. Bartolomé, también se encontraban las 1.300 pesetas del  legado que Dª. Luisa Aguado, que le había entregado, el entonces alcalde Andrés Obispo, en propia mano, como consecuencia de  la devolución de Juan Colino Rivera.

Sobre el comportamiento del Sr. Bartolomé, el Ayuntamiento elevó una denuncia por malversación de fondos públicos. La sentencia del juicio determino la condena del Sr. Bartolomé. Si bien es cierto que, en segunda instancia, fue indultado. En 1931 se tuvieron noticias de su fallecimiento y el Ayuntamiento republicano de Hortaleza, siguiendo los consejos del secretario municipal del momento,  en un acto de revanchismo, decidió  buscar la responsabilidad de Andrés Obispo, que fue el alcalde en su día y quien, finalmente,  resultó condenado en 1942.

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